Tomado del diario Regional La tarde..
La más reciente amenaza de muerte la recibió hace apenas 10 días. Consistía en un panfleto con texto en letras de molde que le informaba que iba a ser asesinado. Semanas atrás, dos sicarios en moto llegaron hasta su casa, lo intimidaron y se fueron.
Días después de ese episodio, el doctor Eisenhower D’janon Zapata notó que una camioneta lo asechaba en sus recorridos cotidianos. La tarde en que conversamos, sentados en una panadería como vecinos, me respondió preguntas sobre la dimensión del problema de las bandas de sicarios y traficantes de estupefacientes que asolan a Dosquebradas.
Minutos previos antes de esa cita, un viejo conocido mío que casualmente caminaba por el lugar, me saludó y me preguntó por el motivo de mi presencia. Le dije que esperaba a un Juez de Paz llamado Eisenhower Zapata para que me contara su historia. Visiblemente alarmado, me dijo: “No prolongue por mucho tiempo esa entrevista, yo sé porqué se lo digo”. Me dio la mano y se fue con cierta premura.
Zapata, de 36 años, piel trigueña, ojos miel, alto y fornido, es uno —quizás el más visible— de los 38 hombres que se dieron a la tarea académica de investigar a fondo la aciaga violencia homicida en las comunas de Dosquebradas. Todo comenzó hacia mediados de 2001, cuando nombrado como Juez de Paz junto a un selecto grupo de prestigiosos abogados penalistas que conformaban la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, emprendió la tarea de encuestar a la ciudadanía para construir un mapa de conflictos de la zona que iba a ejercer.
—Para dibujar el mapa completo del municipio, primero debíamos dibujar micromapas de barrios específicos. Éstos serían el resultado de cuestionarios que cerca de 1200 estudiantes de grados 9, 10 y 11 de colegios de Dosquebradas, junto con 650 adultos entre los que estaban comuneros, miembros de Juntas de Acción Comunal, líderes cívicos, respondieron. Nosotros aspirábamos hallar un mapa de conflictos normales: atraso en arrendamientos, vecinos ruidosos, borrachos, mascotas peligrosas, violencia intrafamiliar, y similares.
—Para dibujar el mapa completo del municipio, primero debíamos dibujar micromapas de barrios específicos. Éstos serían el resultado de cuestionarios que cerca de 1200 estudiantes de grados 9, 10 y 11 de colegios de Dosquebradas, junto con 650 adultos entre los que estaban comuneros, miembros de Juntas de Acción Comunal, líderes cívicos, respondieron. Nosotros aspirábamos hallar un mapa de conflictos normales: atraso en arrendamientos, vecinos ruidosos, borrachos, mascotas peligrosas, violencia intrafamiliar, y similares.
Los resultados y el cruce de información de todos los investigadores dejaron ver que los problemas “cotidianos” de la población eran resultado de la presencia de bandas de pandilleros, sicarios y pequeños vendedores de estupefacientes. —En esa fecha, 2001, el informe arrojó 18 pandillas más o menos organizadas en todo el municipio. —Si bien, en principio habían surgido como grupos de amigos dedicados a conversar y a pasar el tiempo en las esquinas, fueron cambiando hasta llegar a armarse, a manejar el negocio de la droga, de la prostitución prepago de hombres y mujeres, y a controlar el territorio.
Para depurar la información y los datos de los cuestionarios, el grupo de investigadores hizo un listado de las personas que lideraban las bandas de cada comuna. Identificados por medio de sus sobrenombres, los jueces de paz arribaron a cada barrio, generaron un clima de confianza y lograron que los muchachos hablaran con tranquilidad sobre la realidad que ellos vivían.
—Los jóvenes nos revelaron la historia de cada banda, las causas de la conformación. Nos dijeron, además, cuál era la perspectiva que ellos veían para salir del problema, y nos especificaron qué soluciones podrían implementarse. —También, entre la charla y las respuestas de los cuestionarios, Zapata y sus compañeros entendieron el grado de penetración que el narcotráfico tenía no sólo en colegios y universidades de Dosquebradas, sino de Pereira—: En la Tecnológica, en la Católica, en la Andina y en la Libre —es decir, las universidades más importantes de la capital del Risaralda.
Con el paso del tiempo, el equipo de jueces de paz decidió que esos mapas debían actualizarse cada año, puesto que uno de los principales obstáculos en la investigación criminológica era la frecuente movilidad de las organizaciones criminales.
—Cada vez que una comuna es intervenida por la policía o el ejército, las bandas de pandilleros se desplazan a una zona tranquila. Así mismo, cada vez que el gobierno interviene un barrio deprimido con planes de inversión social y educación, las bandas se corren a zonas en las que no haya esa presencia.
Esta constante actualización de los mapas reveló que las cifras habían aumentado vertiginosamente: si en 2001 se contaban 18 pandillas, en 2005 se identificaron 52 agrupaciones organizadas de crimen y tráfico de drogas. Como si no fuera poco, la situación se volvió aún más crítica con el proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa y fuerzas paramilitares, puesto que algunos de los integrantes de estas estructuras que no quisieron acogerse al proceso conformaron la más poderosa banda de comercio y distribución de estupefacientes en la actualidad de toda esta región: “La Cordillera”. Poco tiempo transcurrió para que esta organización, con vasta experiencia en acciones militares y con un gran capital económico de base, involucrara a los jóvenes de las pandillas de Dosquebradas, como una suerte de reclutamiento a cambio de dinero y poder.
—Esto hizo que Dosquebradas se convirtiera en un municipio supremamente violento. En estos últimos años, hemos tenido una taza de homicidios por encima del 75%, es decir, 75 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Incluso, tuvimos un año en que la cifra llegó a ser de 85 asesinatos por cada 100 mil. El año anterior, con cierre al 31 de diciembre, tuvimos 147 ultimados lo que nos dio una taza de 75 por cada 100 mil. Eso sin contar que se hallaron 14 asesinados que la Policía clasificó como “Indeterminados”, es decir, cuerpos que se hallaron en terrenos distantes del núcleo urbano, sobre todo por los lados de la vía rápida La Romelia-El pollo.
Algunas de esas víctimas fueron descuartizadas y transportadas en bolsas, cajas o maletas hasta el lugar en el que se hallaron. Según las pesquisas de las autoridades, este procedimiento es propio de organizaciones paramilitares. La razón para clasificarlos como “Indeterminados” es que no se tiene la certeza de que esas personas hayan sido habitantes de Dosquebradas. A pesar de eso, no se debe dejar a un lado que, de todos modos, el escenario de violencia sigue siendo el municipio puesto que sus habitantes son los que han descubierto esos cuerpos destrozados y han dado aviso para que los recojan.
Hasta allí, el doctor Zapata y sus compañeros de investigación no tenían ningún problema. El mapa y sus conclusiones merecían ser analizados con mayor profundidad para determinar qué tipo de acciones, desde la rama judicial, debían principiarse. No se trataba únicamente de judicializar a los integrantes de las bandas. Se trataba de construir soluciones a largo plazo que posibilitaran resultados sustanciales en la estructura de la sociedad. Ellos querían entender la naturaleza del fenómeno para poder iniciar labores que revirtieran el contexto del escenario convulso. Si su intención hubiera sido investigar para encarcelar a los pandilleros, la información hubiese sido enviada con presteza a las autoridades policivas. Pero cometieron un error: ese mapa rodada de oficina en oficina, de tribunal en tribunal en discos compactos y en memorias USB. En alguno de esos ires y venires, el mapa quedó guardado en un computador de un empleado de Serviciudad, empresa de servicios públicos, y un periodista curioso lo vio, lo grabó y lo publicó en los medios de comunicación.
—Ahí se nos complicó la vida y se complicó el proceso de investigación. Lo primero que pasó fue que la Policía no aceptó esa información como cierta. No aceptaron el resultado del mapa ni del procedimiento que habíamos realizado. Contrario a lo que argumentaban los organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la OEA, que siempre han validado la investigación y sus resultados. Lo siguiente que sucedió fue que, tras la publicación en la prensa, las administraciones municipales de Dosquebradas, Pereira y hasta Santa Rosa de Cabal, coadyuvados por la Policía, temerosos de que estos municipios fueran estigmatizados en el país con las cruces de la violencia homicida, se apresuraron a publicar información que era parcialmente cierta y que ocultaba la otra realidad del asunto —hizo una pausa y me miró como para que yo absorbiera la gravedad de lo que estaba diciendo. Después, agregó—: Lo curioso es que todo es una doble moral porque al principio negaron los resultados de la investigación pero, luego, cuando empezaron a comprobarse los hechos y cuando llegó el momento de pedir más pie de fuerza al Ministerio de Defensa, el mapa fue lo primero que yo vi sobre la mesa como argumento para pedir los refuerzos. Eso es una doble moral.
En la actualidad, según Zapata, las autoridades de policía y ejército son concientes de la crudeza y pugnacidad de la violencia homicida que se sucede a diario en las calles de Dosquebradas. No obstante, antes de haber logrado que tanto Policía como Ejército le concediera la razón al equipo de jueces de paz, ellos fueron víctimas de persecución por decir públicamente que con 12 policías por turno —cantidad que había en esos años para el municipio— era imposible llevar a cabo una labor efectiva de control, y que así aumentaran el pie de fuerza, el abandono del gobierno y la falta de inversión social eran los principales motivos que generaban dicha matanza. El resultado fue un tipo de cacería de brujas postmoderna en la que, como suele suceder, los académicos terminan por pagar los platos rotos de la ineptitud del Estado. Fue, solamente, hasta que la Defensoría del Pueblo revisó la documentación y le dio la validez al mapa, que los jueces de paz dejaron de ser vituperados públicamente. De hecho, el Gobierno Nacional considera este mapa como juicio suficiente para determinar una alerta temprana.
Hace pocos días, el Presidente Álvaro Uribe, se mostraba asombrado y preocupado porque el departamento de Córdoba llevaba cerca de 70 homicidios en lo corrido del año, al parecer por la reactivación del hermano del jefe paramilitar alias “El Alemán”. Lo paradójico es que únicamente en Dosquebradas contando hasta la segunda semana de febrero, va una suma aproximada a los 40 homicidios, es decir, casi uno por día. Eso sin contar con los de Pereira ni con los de La Virginia ni con los de los demás pueblos del Risaralda. ¿Será que la Casa de Nariño no se entera de estos datos?
—Aquí hay una confabulación de la clase política, las fuerzas militares y de policía más el sector de la Justicia, para ocultar la realidad. Se lo digo por que yo le pregunté al jefe del CTI de Risaralda cuántos de los casos de homicidios estaban indiciados, individualizados, y los culpables ya estaban pagando condena por los 721 asesinatos del 2007. Me respondió que 87. Salvo que cada uno de esos 87 presos haya asesinado en promedio a 9 personas, lo demás es la plena impunidad. Y para completar, cuando le pregunté que de esos 87 indiciados de cuántos estaba completamente seguro de que realmente eran los culpables, me respondió que 37. Eso sin contar con los homicidios del 2006, 2005, 2004 y más atrás. Yo calculo que en los últimos cinco años en todo el departamento de Risaralda ha habido más de 5000 asesinatos. Pregunte usted cuántos están pagando por esos crímenes. Y en esas estimaciones lo correspondiente al conflicto armado es una mínima parte. La violencia homicida urbana es lo que mantiene esas cifras.
Eisenhower Zapata está casado y tiene un hijo que intentaron secuestrar en el 2002. Tras la acción fallida, su padre se apresuró para enviar al muchacho fuera del país. Hoy vive en algún lugar del mundo. Cuando le pregunté por el miedo que lo debía acompañar en cada jornada, me dijo que siempre lo tenía, que lo normal era sentir miedo, pero que él había tomado una decisión de quedarse y llegar hasta el fondo de los acontecimientos. No callar más frente a lo que sucedía en Dosquebradas.
—Vea lo curioso —me dice—, no he sido amenazado por los pandilleros ni por las bandas de sicarios y traficantes que operan en este municipio. Las amenazas han venido de las personas que se sienten afectadas por lo que hemos venido divulgando —habla en plural porque como él hay otros tres jueces de paz en la misma situación—. Los últimos dos sicarios que fueron heridos en los tiroteos en la comuna nueve, se atrevieron a ir a mi oficina y contarme cuánto estaban pagando para que nos hicieran un atentado en días pasados. Ellos mismos nos advirtieron de ese proceso. Además, en muchas ocasiones yo les he servido de abogado de oficio a varios de ellos y he sido la persona que los escucha y que les comprende la vida que les tocó vivir.
Con la zozobra de saber que de súbito un hombre pueda acercarse a la mesa en la que estábamos para vaciar su proveedor en la cabeza del doctor Zapata, y al ver grabadora de audio, cámara de fotos y libreta de apuntes decidiera cargar el arma de nuevo y vaciármela a mí, cerramos la conversación. Se paró con paciencia y lo vi perderse en la siguiente esquina. En el cielo, había algunas nubes blancas que tapaban el sol, y la gente transitaba sin preocupación por las aceras.
Para depurar la información y los datos de los cuestionarios, el grupo de investigadores hizo un listado de las personas que lideraban las bandas de cada comuna. Identificados por medio de sus sobrenombres, los jueces de paz arribaron a cada barrio, generaron un clima de confianza y lograron que los muchachos hablaran con tranquilidad sobre la realidad que ellos vivían.
—Los jóvenes nos revelaron la historia de cada banda, las causas de la conformación. Nos dijeron, además, cuál era la perspectiva que ellos veían para salir del problema, y nos especificaron qué soluciones podrían implementarse. —También, entre la charla y las respuestas de los cuestionarios, Zapata y sus compañeros entendieron el grado de penetración que el narcotráfico tenía no sólo en colegios y universidades de Dosquebradas, sino de Pereira—: En la Tecnológica, en la Católica, en la Andina y en la Libre —es decir, las universidades más importantes de la capital del Risaralda.
Con el paso del tiempo, el equipo de jueces de paz decidió que esos mapas debían actualizarse cada año, puesto que uno de los principales obstáculos en la investigación criminológica era la frecuente movilidad de las organizaciones criminales.
—Cada vez que una comuna es intervenida por la policía o el ejército, las bandas de pandilleros se desplazan a una zona tranquila. Así mismo, cada vez que el gobierno interviene un barrio deprimido con planes de inversión social y educación, las bandas se corren a zonas en las que no haya esa presencia.
Esta constante actualización de los mapas reveló que las cifras habían aumentado vertiginosamente: si en 2001 se contaban 18 pandillas, en 2005 se identificaron 52 agrupaciones organizadas de crimen y tráfico de drogas. Como si no fuera poco, la situación se volvió aún más crítica con el proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa y fuerzas paramilitares, puesto que algunos de los integrantes de estas estructuras que no quisieron acogerse al proceso conformaron la más poderosa banda de comercio y distribución de estupefacientes en la actualidad de toda esta región: “La Cordillera”. Poco tiempo transcurrió para que esta organización, con vasta experiencia en acciones militares y con un gran capital económico de base, involucrara a los jóvenes de las pandillas de Dosquebradas, como una suerte de reclutamiento a cambio de dinero y poder.
—Esto hizo que Dosquebradas se convirtiera en un municipio supremamente violento. En estos últimos años, hemos tenido una taza de homicidios por encima del 75%, es decir, 75 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Incluso, tuvimos un año en que la cifra llegó a ser de 85 asesinatos por cada 100 mil. El año anterior, con cierre al 31 de diciembre, tuvimos 147 ultimados lo que nos dio una taza de 75 por cada 100 mil. Eso sin contar que se hallaron 14 asesinados que la Policía clasificó como “Indeterminados”, es decir, cuerpos que se hallaron en terrenos distantes del núcleo urbano, sobre todo por los lados de la vía rápida La Romelia-El pollo.
Algunas de esas víctimas fueron descuartizadas y transportadas en bolsas, cajas o maletas hasta el lugar en el que se hallaron. Según las pesquisas de las autoridades, este procedimiento es propio de organizaciones paramilitares. La razón para clasificarlos como “Indeterminados” es que no se tiene la certeza de que esas personas hayan sido habitantes de Dosquebradas. A pesar de eso, no se debe dejar a un lado que, de todos modos, el escenario de violencia sigue siendo el municipio puesto que sus habitantes son los que han descubierto esos cuerpos destrozados y han dado aviso para que los recojan.
Hasta allí, el doctor Zapata y sus compañeros de investigación no tenían ningún problema. El mapa y sus conclusiones merecían ser analizados con mayor profundidad para determinar qué tipo de acciones, desde la rama judicial, debían principiarse. No se trataba únicamente de judicializar a los integrantes de las bandas. Se trataba de construir soluciones a largo plazo que posibilitaran resultados sustanciales en la estructura de la sociedad. Ellos querían entender la naturaleza del fenómeno para poder iniciar labores que revirtieran el contexto del escenario convulso. Si su intención hubiera sido investigar para encarcelar a los pandilleros, la información hubiese sido enviada con presteza a las autoridades policivas. Pero cometieron un error: ese mapa rodada de oficina en oficina, de tribunal en tribunal en discos compactos y en memorias USB. En alguno de esos ires y venires, el mapa quedó guardado en un computador de un empleado de Serviciudad, empresa de servicios públicos, y un periodista curioso lo vio, lo grabó y lo publicó en los medios de comunicación.
—Ahí se nos complicó la vida y se complicó el proceso de investigación. Lo primero que pasó fue que la Policía no aceptó esa información como cierta. No aceptaron el resultado del mapa ni del procedimiento que habíamos realizado. Contrario a lo que argumentaban los organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la OEA, que siempre han validado la investigación y sus resultados. Lo siguiente que sucedió fue que, tras la publicación en la prensa, las administraciones municipales de Dosquebradas, Pereira y hasta Santa Rosa de Cabal, coadyuvados por la Policía, temerosos de que estos municipios fueran estigmatizados en el país con las cruces de la violencia homicida, se apresuraron a publicar información que era parcialmente cierta y que ocultaba la otra realidad del asunto —hizo una pausa y me miró como para que yo absorbiera la gravedad de lo que estaba diciendo. Después, agregó—: Lo curioso es que todo es una doble moral porque al principio negaron los resultados de la investigación pero, luego, cuando empezaron a comprobarse los hechos y cuando llegó el momento de pedir más pie de fuerza al Ministerio de Defensa, el mapa fue lo primero que yo vi sobre la mesa como argumento para pedir los refuerzos. Eso es una doble moral.
En la actualidad, según Zapata, las autoridades de policía y ejército son concientes de la crudeza y pugnacidad de la violencia homicida que se sucede a diario en las calles de Dosquebradas. No obstante, antes de haber logrado que tanto Policía como Ejército le concediera la razón al equipo de jueces de paz, ellos fueron víctimas de persecución por decir públicamente que con 12 policías por turno —cantidad que había en esos años para el municipio— era imposible llevar a cabo una labor efectiva de control, y que así aumentaran el pie de fuerza, el abandono del gobierno y la falta de inversión social eran los principales motivos que generaban dicha matanza. El resultado fue un tipo de cacería de brujas postmoderna en la que, como suele suceder, los académicos terminan por pagar los platos rotos de la ineptitud del Estado. Fue, solamente, hasta que la Defensoría del Pueblo revisó la documentación y le dio la validez al mapa, que los jueces de paz dejaron de ser vituperados públicamente. De hecho, el Gobierno Nacional considera este mapa como juicio suficiente para determinar una alerta temprana.
Hace pocos días, el Presidente Álvaro Uribe, se mostraba asombrado y preocupado porque el departamento de Córdoba llevaba cerca de 70 homicidios en lo corrido del año, al parecer por la reactivación del hermano del jefe paramilitar alias “El Alemán”. Lo paradójico es que únicamente en Dosquebradas contando hasta la segunda semana de febrero, va una suma aproximada a los 40 homicidios, es decir, casi uno por día. Eso sin contar con los de Pereira ni con los de La Virginia ni con los de los demás pueblos del Risaralda. ¿Será que la Casa de Nariño no se entera de estos datos?
—Aquí hay una confabulación de la clase política, las fuerzas militares y de policía más el sector de la Justicia, para ocultar la realidad. Se lo digo por que yo le pregunté al jefe del CTI de Risaralda cuántos de los casos de homicidios estaban indiciados, individualizados, y los culpables ya estaban pagando condena por los 721 asesinatos del 2007. Me respondió que 87. Salvo que cada uno de esos 87 presos haya asesinado en promedio a 9 personas, lo demás es la plena impunidad. Y para completar, cuando le pregunté que de esos 87 indiciados de cuántos estaba completamente seguro de que realmente eran los culpables, me respondió que 37. Eso sin contar con los homicidios del 2006, 2005, 2004 y más atrás. Yo calculo que en los últimos cinco años en todo el departamento de Risaralda ha habido más de 5000 asesinatos. Pregunte usted cuántos están pagando por esos crímenes. Y en esas estimaciones lo correspondiente al conflicto armado es una mínima parte. La violencia homicida urbana es lo que mantiene esas cifras.
Eisenhower Zapata está casado y tiene un hijo que intentaron secuestrar en el 2002. Tras la acción fallida, su padre se apresuró para enviar al muchacho fuera del país. Hoy vive en algún lugar del mundo. Cuando le pregunté por el miedo que lo debía acompañar en cada jornada, me dijo que siempre lo tenía, que lo normal era sentir miedo, pero que él había tomado una decisión de quedarse y llegar hasta el fondo de los acontecimientos. No callar más frente a lo que sucedía en Dosquebradas.
—Vea lo curioso —me dice—, no he sido amenazado por los pandilleros ni por las bandas de sicarios y traficantes que operan en este municipio. Las amenazas han venido de las personas que se sienten afectadas por lo que hemos venido divulgando —habla en plural porque como él hay otros tres jueces de paz en la misma situación—. Los últimos dos sicarios que fueron heridos en los tiroteos en la comuna nueve, se atrevieron a ir a mi oficina y contarme cuánto estaban pagando para que nos hicieran un atentado en días pasados. Ellos mismos nos advirtieron de ese proceso. Además, en muchas ocasiones yo les he servido de abogado de oficio a varios de ellos y he sido la persona que los escucha y que les comprende la vida que les tocó vivir.
Con la zozobra de saber que de súbito un hombre pueda acercarse a la mesa en la que estábamos para vaciar su proveedor en la cabeza del doctor Zapata, y al ver grabadora de audio, cámara de fotos y libreta de apuntes decidiera cargar el arma de nuevo y vaciármela a mí, cerramos la conversación. Se paró con paciencia y lo vi perderse en la siguiente esquina. En el cielo, había algunas nubes blancas que tapaban el sol, y la gente transitaba sin preocupación por las aceras.
